La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ambos países retomarán los vínculos con base en sus históricos lazos de amistad, cooperación y respeto al derecho internacional.

Las relaciones se habían deteriorado desde 2022, tras la destitución y detención del expresidente peruano Pedro Castillo por su intento de disolver el Congreso. México expresó su respaldo a Castillo y cuestionó las acciones del gobierno de Dina Boluarte, lo que provocó varios desencuentros diplomáticos.

La tensión aumentó en noviembre de 2025, cuando Chávez solicitó asilo en la embajada de México en Lima mientras enfrentaba investigaciones por su presunta participación en el intento de disolver el Congreso. Perú consideró la decisión una injerencia en sus asuntos internos y anunció la ruptura de relaciones diplomáticas.

El restablecimiento ocurre después de la llegada de una nueva administración en Perú. La presidenta Claudia Sheinbaum había expresado su disposición a trabajar con el nuevo gobierno para recuperar los vínculos entre ambos países.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración elaboró, junto con productores aguacateros de Michoacán, un plan de trabajo que incluye medidas para reforzar la inspección y la seguridad en las zonas de producción.

La mandataria señaló que instruyó a las secretarías de Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, y Agricultura a gestionar el encuentro con autoridades estadounidenses, al tiempo que anunció un incremento en la presencia de la Guardia Nacional en regiones estratégicas del estado.

Sheinbaum confió en que la suspensión será temporal y que las exportaciones podrán reanudarse en el corto plazo, al considerar que las medidas de seguridad propuestas permitirán restablecer la operación de los inspectores estadounidenses.

Las pruebas se realizarán de forma presencial en cuatro sedes: León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México. Los aspirantes podrán consultar los puntajes mínimos requeridos para participar en esta nueva etapa.

De los 158 mil estudiantes que presentaron el examen original, alrededor de 58 mil deberán repetir la evaluación. De ellos, únicamente 22 mil obtendrán un lugar en la universidad.

La nueva convocatoria forma parte de las medidas adoptadas por la universidad tras anular los resultados del proceso de admisión debido a indicios de fraude masivo. Como consecuencia, el inicio del ciclo escolar para estudiantes de nuevo ingreso fue aplazado cuatro semanas.

La decisión fue tomada después de que una comisión de expertos confirmara anomalías estadísticas en los resultados del examen remoto. Entre los hallazgos destaca un aumento inusual en el número de aspirantes con más de 100 aciertos, lo que llevó a la UNAM a anular la prueba y regresar al formato presencial para garantizar la transparencia del proceso de admisión.

El ciclo escolar iniciará el 17 de agosto para los estudiantes que ya cursan una licenciatura y el 31 de agosto para los alumnos de nuevo ingreso.

De acuerdo con los promoventes, los recursos legales buscan impugnar la cancelación de los resultados del examen original y las medidas adoptadas por la universidad como parte de la revisión del proceso de admisión.

Los tres amparos fueron presentados ante juzgados de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.

El primero fue promovido por Yamile Flor Nechar Álvarez, aspirante a la licenciatura en Derecho, ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa. En su demanda impugna la convocatoria e instructivo del concurso de selección 2026, la cancelación del examen de admisión y la negativa de la universidad para recibir su documentación e inscribirla en la carrera.

El segundo recurso fue presentado por Óscar Josías Sánchez Ramos ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en el que también solicita revisar la decisión de cancelar el examen de ingreso.

El tercer amparo fue promovido por Edith González Barrios y otros aspirantes a las licenciaturas de Médico Cirujano y Derecho, quienes cuestionan la determinación de anular los resultados del proceso de admisión.

Ahora corresponderá a los juzgados resolver si admiten o no a trámite los recursos legales.

En tanto, la titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa requirió a los promoventes atender diversos requerimientos en un plazo de cinco días, como parte del análisis previo para determinar la procedencia de los amparos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el monto estimado de 15 mil millones de dólares atribuido al líder del Cártel de Sinaloa no corresponde a bienes ya identificados para su decomiso, sino a un cálculo realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las ganancias obtenidas y el daño económico generado por sus actividades delictivas.

Sheinbaum indicó que el Gabinete de Seguridad o la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, podrían ofrecer en los próximos días mayores detalles sobre el alcance de este procedimiento.

Asimismo, adelantó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, informará próximamente sobre la recuperación de 500 mil dólares relacionados con el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La presidenta señaló que dichos recursos serán destinados a un proyecto específico, aunque no precisó cuál será su objetivo.

Durante la protesta, los inconformes lanzaron consignas como “¡Lomelí, Lomelí, nos tienes que escuchar!” y “¡Merezco mi lugar!”, en referencia al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

Los manifestantes mantuvieron cerrada la circulación sobre Insurgentes Sur y su cruce con Copilco durante aproximadamente dos horas y media. Posteriormente liberaron la vialidad y regresaron a la Torre de Rectoría para continuar con sus demandas.

Los aspirantes sostuvieron que los resultados obtenidos fueron producto de meses de preparación y no de prácticas irregulares, por lo que consideraron injusto tener que presentar una nueva evaluación.

Asimismo, anunciaron la entrega de un pliego petitorio a las autoridades universitarias para solicitar que se respeten los puntajes obtenidos en el examen original y el proceso de admisión establecido en la convocatoria.

La movilización se realizó luego de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 recomendara aplicar un examen de control presencial a un grupo de aspirantes, tras detectarse presuntas irregularidades durante la evaluación en línea.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario señaló que ambos eran considerados operadores relevantes de la organización delictiva y presuntamente estaban relacionados con diversos hechos de violencia y acciones para obstaculizar las labores de las autoridades.

García Harfuch explicó que los hermanos Álvarez Ayala formaban parte del grupo criminal conocido como “Los Quinis”. Ambos fueron detenidos en 2012; sin embargo, recuperaron su libertad en 2022.

El secretario también destacó que, tras la captura del “R1”, se fortaleció el intercambio de información con autoridades de Estados Unidos como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Asimismo, señaló que existe una comunicación permanente entre ambos gobiernos para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, colaboración que, dijo, fue reconocida un día antes por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, respaldó la medida al considerar que permitirá corregir las anomalías detectadas y asegurar que las personas admitidas acrediten los conocimientos necesarios para ingresar a la institución sin haber obtenido ventajas indebidas.

Asimismo, ofreció una disculpa a las y los aspirantes por la realización de una nueva prueba y les pidió mantener la confianza en su preparación, al señalar que el examen únicamente servirá para confirmar los resultados del proceso de admisión.

La universidad informó que en las próximas horas dará a conocer las fechas, sedes y horarios del examen, así como un informe técnico con los detalles de las fallas detectadas en la plataforma utilizada para aplicar la evaluación en línea.

El examen de control será aplicado únicamente a un grupo específico de aspirantes. Serán convocadas las personas que ya habían recibido una notificación de ingreso a la UNAM, así como quienes, aunque no fueron seleccionadas, obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo con el que fue posible ingresar al mismo programa académico, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

De acuerdo con la institución, la estrategia se basa en cuatro ejes: verificar los resultados obtenidos en el examen en línea mediante una evaluación presencial; convocar tanto a los aspirantes previamente aceptados como a quienes alcanzaron los puntajes de referencia; aplicar distintas versiones del examen para agilizar la revisión y minimizar el impacto en el calendario escolar; y definir la asignación final de los lugares con base en los resultados de esta nueva prueba.

En paralelo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que mantiene comunicación con la Rectoría de la UNAM para dar seguimiento a la situación derivada de las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de admisión.

No obstante, la dependencia federal reiteró que, en respeto a la autonomía universitaria, corresponde exclusivamente a la UNAM conducir la investigación y determinar las medidas que considere pertinentes.

La medida fue anunciada dos semanas después de la muerte de Dafne Zapata, de 13 años, quien falleció durante un curso de verano en una academia militarizada en Tamaulipas. Su caso se suma al de otros dos menores que perdieron la vida en planteles con este modelo educativo en los últimos tres años.

Hasta ahora, más de 60 academias militarizadas operaban en el país con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la SEP, aunque sin una clasificación específica dentro del sistema educativo.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de la dependencia al señalar que “es muy triste lo que pasó en Tamaulipas” y afirmó que “con el pretexto de la disciplina hay abusos y eso no puede permitirse”.

Tras los fallecimientos de los tres estudiantes, salieron a la luz denuncias de exalumnos sobre presuntos actos de violencia, maltrato y castigos extremos dentro de estas instituciones.

En el caso de Dafne Zapata, la Fiscalía mantiene abierta una investigación por el delito de feminicidio. Hasta el momento permanecen detenidos Jorge Luis Ponce Ortega, director de la academia; Estrellita Mora Díaz, instructora, y Danna Yanina, auxiliar del personal docente.

En un comunicado, la SEP sostuvo que el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana es incompatible con servicios de carácter militar y recordó que la formación castrense corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La dependencia también señaló que, desde 2011, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano separar la educación de menores de edad de las dinámicas militares, por lo que la decisión busca fortalecer un entorno escolar libre de violencia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.

El caso de Dafne Zapata generó indignación a nivel nacional. La adolescente falleció el pasado 16 de julio, cuatro días después de iniciar un campamento de verano en una academia militarizada de Tamaulipas. De acuerdo con el testimonio de su madre, la menor murió tras sufrir presuntos actos de violencia durante su estancia en el plantel, lo que desencadenó nuevas denuncias sobre abusos cometidos en este tipo de instituciones.

La Academia Militarizada Marina Doenitz, donde ocurrieron los hechos, promovía una supuesta vinculación con la Secretaría de la Defensa Nacional; sin embargo, la Sedena aclaró que no mantiene relación alguna con ese plantel ni con otras escuelas de características similares.

A través de redes sociales, el funcionario señaló que el detenido es considerado el principal líder de “Los Rs”, una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en los municipios de Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en el estado de Jalisco.

De acuerdo con García Harfuch, esta organización criminal está relacionada con delitos como extorsión, homicidio y tráfico de drogas, actividades que afectan a productores, empresarios y habitantes de la región.

Con la captura de Ramón Ángel, alias “R1”, suman ya 31 personas detenidas por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo.

El titular de la SSPC destacó que la detención representa un avance en la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras del crimen organizado mediante labores de inteligencia, investigación y coordinación institucional, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Asimismo, García Harfuch reconoció el trabajo realizado durante varios meses por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, así como la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal para lograr la captura del presunto líder criminal.