Al menos 16 entidades ya cuentan con restricciones, mientras otras cinco analizan iniciativas para limitar los dispositivos durante las clases.
En total, más de 20 estados del país han avanzado en la regulación del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas, mientras el gobierno federal trabaja en una propuesta nacional para establecer criterios comunes.
Estas 16 entidades con regulación son: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
Las medidas buscan reducir las distracciones en las aulas, prevenir el ciberacoso y fomentar un uso responsable de la tecnología. En general, permiten utilizar los dispositivos únicamente para actividades académicas autorizadas, emergencias o situaciones excepcionales.
Además, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo mantienen iniciativas legislativas en trámite.
En Tlaxcala, la Secretaría de Educación implementó recientemente lineamientos administrativos obligatorios para regular el uso de dispositivos durante la jornada escolar.
En Sinaloa, el Congreso aprobó el 30 de julio reformas para permitir los celulares sólo con fines académicos o en casos de emergencia. La autoridad educativa tendrá 120 días para establecer los lineamientos correspondientes.
Mientras tanto, en Ciudad de México y Estado de México ya se aprobaron reformas para incorporar restricciones en sus respectivas leyes educativas. En el Estado de México se preparan protocolos que definirán las condiciones para el uso de dispositivos a partir del ciclo escolar 2026-2027.
En Oaxaca, una iniciativa plantea permitir los teléfonos únicamente con fines pedagógicos y bajo autorización docente, mientras que en Baja California permanece pendiente de dictamen una propuesta para establecer protocolos sobre el uso de dispositivos.
Por su parte, Veracruz analiza una medida que podría incluir restricciones no sólo para estudiantes, sino también para docentes de secundaria.
La mayoría de las propuestas coinciden en un punto: los celulares no quedarían prohibidos de manera absoluta, pero su uso durante las clases estaría sujeto a fines educativos, supervisión docente o situaciones de emergencia.
